Secuestros en Piura, ¿ganancias en Inglaterra?
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La señora Josefa Adrianzén, era una líder campesina de Huancabamba (Piura), reconocida por denunciar valientemente las esterilizaciones forzadas que llevaba a cabo el régimen de Fujimori. Como integrante del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), trabajó arduamente para promover la democracia. Jamás imaginó que, bajo el régimen democrático que ella anhelaba, sería golpeada, arrastrada por las calles, secuestrada y luego detenida bajo la acusación de secuestro. Todo esto ocurrió durante la última semana del año 2004.
Estos lamentables hechos merecen algunos algunos antecedentes. Huancabamba se encuentra desde hace varios meses en estado de conmoción social por la presencia de la empresa británica Majaz, que pretende explotar un yacimiento minero en la parte más elevada de la provincia. Los ronderos sostienen que Majaz ocasionará serios perjuicios para el medio ambiente, especialmente porque afectaría las fuentes de agua. Es más, se afirma que las actuales actividades de exploración ya están ocasionando daños irreversibles a los frágiles bosques de las zonas altas, denominados bosques húmedos.
En abril, cuando millares de campesinos pretendieron llegar hasta el campamento de Majaz, fueron repelidos por la policía, falleciendo el rondero Reemberto Herrera. Algunas versiones sostienen que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y otras que un policía le disparó directamente. De manera irresponsable, luego de estos dolorosos sucesos, la empresa Majaz denunció por terrorismo a un anciano sacerdote y a unos veinte ronderos, algunos de los cuales se encontraban en Lima cuando se produjeron los hechos. Aunque las denuncias fueron retiradas, Majaz logró la imagen de una empresa inescrupulosa. La atmósfera de tensión era incrementada por la emisora Radio Centinela, cuyo propietario, Dúber Mauriola, atacaba a todas las personas que se oponían a la explotación minera, incluyendo al alcalde, los regidores y las rondas campesinas.
Mauriola coordinaba con un grupo de campesinos pobres, que habrían sido reclutados para aparecer como población espontáneamente favorable a la empresa. Dichas personas en el mes de noviembre atacaron las instalaciones de Radio La Poderosa, propiedad del periodista Federico Ibáñez, quien transmitía información favorable al medio ambiente y permitía que se expresaran los opositores a la actividad de Majaz. La cabina y los equipos de la radio fueron destruidos.
Al no existir nadie procesado por el asesinato de Herrera y la destrucción de La Poderosa, es comprensible que un grupo de ronderos haya quedado convencido que frente a los intereses de Majaz no era posible una solución legal. El 27 de diciembre, decidieron someter a Mauriola a la sanción que tradicionamente aplican a los abigeos y otros delincuentes. Lo capturaron en Huancabamba y lo sometieron a "cadena ronderil", trasladándolo de un caserío a otro, para que patrulle con ellos durante la noche. Es posible que también lo sometieran a castigos corporales.
En represalia, el grupo vinculado a la empresa capturó a Federico Ibáñez y a la señora Adrianzén, acusándolos de planificar el secuestro de Mauriola. Después de golpearlos y arrastrarlos por las calles, los llevaron a Radio Centinela, donde los mantuvieron retenidos por varias horas. Es verdad que la señora Adrianzén, como la mayor parte de campesinos de la provincia, ha participado en las movilizaciones contra Majaz, pero responsabilizarla a ella y a Ibáñez de la acción de los ronderos parece mas bien una táctica para sacar del camino a dos opositores.
A pesar de ello, el Ministerio Público efectivamente ha acusado a la señora Adrianzén e Ibáñez como autores intelectuales del secuestro de Mauriola. Este ya fue liberado por los ronderos, aparentemente con la promesa de "ser más objetivo". Sin embargo, una vez en Huancabamba ha responsabilizado por lo ocurrido a la señora Adrianzén y a los regidores que se oponían a las actividades de Majaz.
En el mes de mayo, el obispo de Chulucanas solicitó que no se otorgaran más concesiones mineras en su jurisdicción, dentro de la que se encuentra Huancabamba, por los problemas sociales que venían causando y por la fragilidad del ecosistema. Ahora, todo el que se oponga a la empresa minera, incluyendo las autoridades, teme ser la próxima víctima de la "espontánea" violencia... o de una oportuna denuncia por secuestro. Mauriola y Majaz acaso se sientan fortalecidos después de esta crisis, sin percatarse que la indignación de la población está aumentando y que un estallido social de grandes proporciones podría producirse en cualquier momento.
Muy lejos de Piura y de los detenidos de Huancabamba, los accionistas ingleses de Majaz celebraron el Año Nuevo despreocupadamente, esperando que pronto sus inversiones brinden elevadas ganancias. En todo caso, en esta triste historia, las víctimas de la violencia, la división y la muerte han sido y serán piuranos que tuvieron la desgracia de vivir en un lugar donde se dice que hay minerales valiosos. Desde la prisión de Huancabamba, Josefa Ramírez seguramente se pregunta si ésta es la democracia por la que luchó
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Por delitos de lesa humanidad ordenan captura internacional de Alberto Fujimori
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El vocal supremo instructor, José Luis Lecaros, abrió instrucción al ex presidente Alberto Fujimori por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, y ordenó su captura a nivel internacional, así como el embargo de sus bienes hasta por tres millones y medio de nuevos soles.
El magistrado explicó que el Ministerio Público tendrá que elaborar un cuaderno de detención, el mismo que será remitido a la Interpol para que cuente con la información necesaria para proceder a la captura del destituido mandatario, quien permanece refugiado en Japón desde noviembre del año pasado cuando abandonó la presidencia de la República.
“Tratándose de este tipo de delito, que agravian a toda la humanidad, el Japón debe entregar al señor Fujimori para que sea sometido en el Perú a las normas del debido proceso”, aseveró el magistrado.
Indicó que en el caso de que las autoridades niponas se nieguen a entregar al ex mandatario, será el Gobierno peruano el que tenga que tomar las acciones correspondientes.
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Gobierno entrega indemnización de US$ 175 mil a cada deudo de víctimas de Barrios Altos
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En cumplimiento del compromiso que adquirió en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano indemnizó económicamente a los deudos de las víctimas de la matanza de Barrios Altos, perpetrada por el grupo paramilitar Colina el 3 de noviembre de 1991, durante el régimen que presidió Alberto Fujimori.
En una breve ceremonia que encabezó el presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno, se hizo entrega de un cheque por 175 mil dólares a cada una de las familias de las 15 personas asesinadas cuando participaban en una pollada.
"Este es un intento por reparar a los familiares de las víctimas de Barrios Altos, aunque sea económicamente", sostuvo el jefe de Estado, quien al señalar que "hay cicatrices que son difíciles de cerrar", preguntó "cómo pudo pasar esto, en qué nos descuidamos".
Reafirmó que su Gobierno tiene la más firme decisión política de respetar los derechos humanos de todos los peruanos, y enfatizó que no tolerará la impunidad.
En otro momento, reveló que se levantará en la avenida Arequipa un monumento en memoria de las víctimas de la matanza, no sólo para recordarlas sino para que estos lamentables hechos no se repitan en nuestro país.
Asimismo, aseguró que los deudos recibirán un apoyo total en las áreas de salud y educación, para lo cual -garantizó- instruirá a los ministros respectivos para que agilicen este proceso.
Indicó, además, que los recursos que sean recuperados de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos serán destinados en gran parte para indemnizar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Respecto a la matanza de la Universidad de la Cantuta, en la que perdieron la vida nueve estudiantes y un profesor, en proceso de resolución, aseguró que cuando se resuelva el Gobierno acatará la decisión de los organismos internacionales que ven el caso.
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En Cayara asesinaron a 80 y no a 60 personas
El caso de las víctimas de Cayara será uno de los trabajos más tensos en las investigaciones de la Comisión de la Verdad porque le demandará más tiempo y tendrá que ver la forma de que su labor sea eficaz en cuanto a testimonio e información.
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Más sobre el caso Cayara
El 14 de mayo de 1988 soldados del Ejército Peruano asesinaron a cerca de cien personas incluyendo a mujeres y niños. Para matarlos utilizaron cuchillos, machetes, bayonetas e instrumentos de labranza.
Vea un informe publicado en el diario Liberacion
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